Una controversia ha escalado en Tolima por la llegada de familias desplazadas desde Catatumbo y Cauca, denunciándose que habría sido 'sin concertación previa' con gobiernos locales. Municipios como Suárez, Rovira y Honda han dicho que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) habría adjudicado predios presuntamente sin coordinar con las autoridades territoriales, y que esto habría generado preocupación por la seguridad de las comunidades y por una falta de capacidad institucional para atenderlas de manera adecuada. En una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional, el secretario del Interior de Tolima consideró que estas acciones vulnerarían derechos y pidió 'respeto' a los principios legales de reubicación. En Rovira, la situación también se habría complejizado cuando 13 familias fueron reubicadas en un predio que no tendría acceso a agua potable, energía eléctrica ni rutas adecuadas.
La presencia de disidencias armadas en la zona ya había sido advertida por el Comité de Orden Público del Tolima, que desaconsejó dicha reubicación. Sin embargo, la ANT habría continuado con el proceso. Como resultado, se reportó que unas ocho familias habrían decidido rechazar la adjudicación 'por temor a ser revictimizadas'. Las autoridades locales catalogaron el procedimiento como 'improvisado' y 'desconectado' de la realidad territorial. La alcaldesa de Suárez también dijo que se habrían enterado de la llegada de 18 familias desplazadas solo después de que se entregaron los predios en la vereda Pital. En todos los casos, se manifiesta una aparente falta de articulación entre el Gobierno Nacional y los entes locales. Además, se dice temer que los rechazos actuales excluyan a familias de futuros beneficios, a pesar de que su negativa respondería a condiciones 'objetivamente invivibles'.
Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han exigido que las adjudicaciones de tierras se hagan bajo principios de 'voluntariedad, seguridad y dignidad'. El Comité de Justicia Transicional del Tolima convocó su sesión para revisar la Sentencia 0171 de 2025, que obligaría a cumplir con estos criterios. La Gobernación del Tolima y otras autoridades han solicitado suspender nuevas entregas en 'zonas inseguras' hasta que se garanticen las condiciones mínimas exigidas por la ley. La polémica inició hace unas semanas con otro caso en Honda. el Gobierno Nacional reubicó allí a 93 víctimas del conflicto del Catatumbo. Entonces, la gobernadora Adriana Magali Matiz catalogó el traslado como “cortoplacista e improvisado” al referir una 'falta de acceso' a servicios básicos como salud, educación y agua potable. Asimismo, el alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, consideró que no habría sido consultado desde el inicio del proceso. En medio de todo, el Gobierno Nacional y la ANT rechazaron lo que consideraron como 'discursos estigmatizantes' y defendieron que el traslado habría respetado condiciones de dignidad y seguridad, contando con el apoyo de entidades como la Unidad para las Víctimas, la ARN, la ONU, la Defensoría y la Procuraduría. La incertidumbre persiste. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • Alerta Tolima • RTVC • El Cronista • El Espectador
