El Gobierno de Ecuador anunció que los ciudadanos colombianos deportados por haber estado presos en su territorio no podrán ingresar nuevamente al país durante los próximos 40 años. El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que esta medida formaría parte de una política de “tolerancia cero” con el crimen organizado y que pretendería impedir que personas consideradas peligrosas 'vuelvan a poner en riesgo la seguridad nacional'. La deportación ya comenzó con los primeros 700 presos, de un total estimado de 1.000, acusados de delitos como robo, tráfico de drogas y otros crímenes contra la propiedad. Sucede en medio de las tensiones entre los gobiernos.
Colombia rechazó la acción, calificándola de “unilateral” y “en contra del Derecho Internacional”, al referir que no se habría diseñado un 'protocolo adecuado' para verificar la identidad y la situación jurídica de los deportados. La Cancillería colombiana manifestó inconformidad 'porque no se respetaron procedimientos mínimos', lo cual, aseguran, podría constituir una 'deportación masiva', algo prohibido por las normas internacionales. Ante esto, la Cancillería ecuatoriana negó que se tratara de una 'deportación colectiva' y que cada caso habría sido evaluado 'de forma individual', con 'resoluciones motivadas' y boletas de excarcelación emitidas por jueces.
En ese sentido, las autoridades de ese país insisten en que se estarían respetando los derechos y procedimientos legales correspondientes, a pesar de unos testimonios presentados por algunos deportados que dijeron presuntamente no haber cumplido 'ni la mitad' de su condena. El contexto de esta medida se enmarca en una crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, cuyo sistema penitenciario habría sido infiltrado por el crimen organizado. Con un incremento considerable en el número de homicidios, el Presidente Daniel Noboa declaró al país en “conflicto armado interno” y ha emprendido una serie de acciones que pretenderían recuperar el control de las cárceles, incluida la repatriación de más de 3.000 presos extranjeros, en su mayoría colombianos y venezolanos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • EFE • El Comercio
