Tres entidades del Estado, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad para las Víctimas y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, dijeron rechazar unas declaraciones del diputado de Tolima Juan Guillermo Beltrán (Cambio Radical), quien se opuso a la reubicación en el departamento de familias víctimas del conflicto armado provenientes del Catatumbo. Entre estas personas hay 13 firmantes del Acuerdo de Paz que buscarían rehacer sus vidas tras ser desplazadas por la crisis humanitaria en esa región. Beltrán mencionó que presuntamente no hubo diálogo previo con la alcaldía y calificó la medida como 'imposición' por parte de la ARN. Además, criticó al Gobierno Nacional, mencionando que “le quiere entregar el Catatumbo al ELN y al narcotráfico”, y que esta reubicación sería una 'forma de revictimizar' a quienes 'deberían retornar a sus territorios'. Además, que el municipio no contaría con recursos para atender a estas familias y que la obligación de ofrecerles una “oferta institucional” sería 'injusta' para una ciudad con recursos limitados. Por esa línea, recientemente se refirió la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, considerando también una falta de planeación. Aunque dijo que no estaría en contra de la llegada, cuestionó que se carecería de servicios básicos, que el terreno de reubicación estaría alejado de centros de salud y educativo, y solicitó mayor articulación con el Gobierno Nacional.
Las entidades explicaron que se trataría de 92 personas beneficiarias de un predio otorgado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quienes recibirían acompañamiento institucional para su reincorporación y para el desarrollo de proyectos productivos. Y se agregó que este traslado respondería al derecho constitucional de habitar libremente en cualquier parte del país. Asimismo, las desmintieron que el proceso se haya hecho sin coordinación previa, mencionando que tanto la Alcaldía de Honda como la Gobernación del Tolima habrían estado involucradas en reuniones lideradas por el Gobierno Nacional para garantizar una llegada planificada y segura. Finalmente, llamaron a 'la solidaridad' y a 'rechazar discursos de odio y estigmatización' al considerar que perpetuarían el conflicto, y se invitó a la comunidad a recibir 'con respeto y empatía' a las familias desplazadas. La Defensoría del Pueblo también se refirió por esa línea, diciendo que estas personas tendrían derecho a establecerse en 'condiciones dignas y seguras', y que es deber del Estado y la sociedad garantizarlo sin discriminación; la defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó a 'evitar actitudes regionalistas y estigmatizantes', y anunció que la entidad acompañaría el proceso de reubicación con acciones pedagógicas y de integración comunitaria.
A propósito de víctimas del conflicto, La Unidad para las Víctimas entregó 517 cartas de indemnización por más de $4.700 millones a personas afectadas por el conflicto armado en Tolima. Estas jornadas se realizaron en Ibagué y Líbano, e incluyeron orientación para un uso adecuado de los recursos recibidos. En Ibagué se entregaron 435 cartas, lo que habría impactado a víctimas de más de 20 municipios como Alpujarra, Cajamarca, El Espinal, Guamo, Natagaima y la ciudad mencionada. Por su parte, en Líbano se entregaron 82 cartas destinadas a personas de municipios como Mariquita, Fresno, Honda, Armero y Palocabildo. Las jornadas también habrían tenido asesoría sobre estrategias de inversión. La directora territorial central, Zoraida Hernández, manifestó que estas acciones harían parte de un compromiso institucional con la reparación individual y el cumplimiento de los derechos de las víctimas en el departamento.
Vía: Diario La Libertad • RTVC • Caracol Radio
