La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, Ibal, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato del Acueducto Complementario. La investigación sucede tras una auditoría a las vigencias 2022 y 2023, en la que se habrían identificado problemas en la planeación, supervisión e interventoría de un contrato inicialmente por $12.606 millones, que luego fue adicionado con $5.879 millones. Uno de los hallazgos habría sido un pago de $608 millones por una obra de contención de taludes que no se habría ejecutado, y que no contaría con soporte técnico. La Procuraduría también habría encontrado presuntos sobrecostos en el transporte de materiales desde una cantera distinta a la utilizada, lo que habría generado un detrimento (perdida...) cercana a $189 millones.
Además de eso, se habría reportado un uso irregular de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que deberían destinarse únicamente a obras de acueducto y alcantarillado, pero que habrían sido empleados para trabajos de pavimentación. Este caso se suma a cuestionamientos previos sobre la gestión del Ibal, generando nuevos cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en obras consideradas fundamentales para la ciudad. En medio de todo, y a propósito de la obra, el Gobierno Nacional, a través del viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, habría ratificado compromiso con la ejecución de la fase 5 del Acueducto Complementario en Ibagué. Durante un foro realizado en la Universidad de Ibagué, Libreros indicó que se estaría trabajando con la alcaldía y el Ibal para 'viabilizar técnicamente' ese nuevo tramo del proyecto, que eventualmente llevaría agua potable a la comuna 7, una de las zonas aún no beneficiadas por la megaobra. Se ha estimado que esta fase requeriría una inversión de aproximadamente $24.000 millones.
El viceministro admitió 'dificultades fiscales' del Gobierno Nacional, pero que se estarían buscando alternativas como el uso de dinero de vigencias futuras 'para garantizar el cierre financiero' del proyecto. Y a propósito de las indagaciones recientes relacionadas con la obra, Libreros no se refirió a las deficiencias detectadas por la Contraloría General en fases anteriores del Acueducto Complementario, como deterioro prematuro y sobrecostos (para mayor contexto, buscar en el blog), argumentando que esa competencia recaería en la Superintendencia de Servicios Públicos. No obstante, que desde el Ministerio de Vivienda apoyarían con formulación y viabilización de nuevos proyectos, en lo que pretendería corregir fallas existentes. El Acueducto Complementario ha representado una inversión de más de $200.000 millones en tres décadas, pero medios reportan que comunas como la 7 y la 9 aún no contarían con acceso total al sistema de agua potable. Según la administración local, se necesitarían $15.000 millones adicionales para cubrir la comuna 9 y $24.000 millones más para completar la comuna 7. La obra sigue enfrentando cuestionamientos por su gestión y ejecución, en medio de una presión también de parte de la población. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Olfato • El Cronista
