Un reporte de Noticias Caracol sobre presuntas filtraciones de información estatal a las disidencias de alias Calarcá desató una ola de reacciones políticas, judiciales y militares. En los archivos, cuya autenticidad aún no ha sido verificada, aparecerían menciones a presuntos vínculos del brigadier general (r) Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, con redes ilegales supuestamente interesadas en 'abrir canales' para mover vehículos blindados y armas legales mediante 'empresas fachada'. Los informes también sugerirían contactos indirectos con figuras políticas. La Fiscalía admitió horas después que unos dispositivos incautados a la caravana de 'Calarcá' el 23 de julio de 2024 podrían contener 'información relevante' sobre Huertas, pero esa línea no habría sido investigada durante 16 meses, a pesar de que una verificación posterior en Medellín habría revelado datos “de la mayor gravedad” que no estaban siendo examinados. Tras el reportaje, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la intervención de un delegado contra la Criminalidad Organizada 'para abrir líneas' (de investigación) sobre una posible 'cooptación de agentes del Ejército, riesgos para la seguridad nacional, financiación de campañas y creación de empresas fachada'. Además, compulsó copias a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema para investigar la conducta del general (r) Huertas.
La Fiscalía insistió en que, aunque la Ley de Paz Total suspendería órdenes de captura de algunos representantes en diálogos, esa suspensión no aplicaría en 'casos de flagrancia, violaciones graves a derechos humanos o crímenes de guerra'. También, que la DIJIN mantendría la cadena de custodia de lo incautado, por lo que la filtración pública habría 'vulnerado' la reserva penal. La Silla Vacía reportó que entre los dispositivos figuraría una carta enviada en 2024 a Calarcá por un delegado de las disidencias, quien dijo presuntamente haberse reunido en Bogotá con Huertas, entonces general retirado. En ese encuentro, el oficial habría propuesto 'crear una empresa de seguridad fachada' para cuando el proceso de paz 'fracasara'. Tras esto, Camargo anunció la apertura de investigación contra Huertas, mientras el Ejército recordó que el oficial habría sido retirado en 2021, aunque regresó al servicio en 2025, e inició su propia indagación interna. La Fiscalía negó haber dejado “quieta” la información y que estaría 'bajo análisis técnico', mientras reitera que la 'divulgación masiva' constituiría una 'vulneración' de sus protocolos de reserva. A nivel institucional, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una investigación disciplinaria para determinar si hubo filtraciones hacia las disidencias e indicó que 'ningún' acto de corrupción, traición o colaboración con grupos criminales sería 'tolerado' en la Fuerza Pública. La Procuraduría y la DNI también abrieron indagaciones.
La DNI señaló que Mejía ingresó a la entidad meses después de las supuestas reuniones, que no existirían registros oficiales de contactos con grupos armados y que los documentos difundidos no habrían sido autenticados 'por ninguna autoridad competente'. En medio de la controversia, el Presidente Gustavo Petro sostuvo que los archivos presuntamente serían “falsos” y parte de una operación 'impulsada por la CIA' (EEUU) para atacar a quienes “han denunciado redes de corrupción” en el Ejército. Señaló que en el Gobierno Nacional se habrían 'frenado' permisos y 'contratos irregulares' que favorecerían a 'organizaciones criminales', lo que habría generado 'resistencias internas'. La vicepresidenta Francia Márquez calificó como “infamias sin pruebas” las versiones que pretenderían 'relacionarla' con estructuras ilegales y aseguró que su campaña habría sido financiada 'únicamente' con aportes ciudadanos y un crédito con Confiar. El general (r) Huertas, por su parte, negó 'cualquier relación' con Calarcá o con planes de seguridad fachada, diciendo que los archivos presuntamente carecerían de soporte técnico y buscarían 'perjudicar su nombre'. Sobre Mejía, ahora también sería acusado, según El Tiempo, de presuntamente influir en ascensos de generales y pedir información 'para respaldar denuncias' sobre supuestos seguimientos al Gobierno Nacional, aunque la DNI niega que la voz de unos audios sea suya. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, lo acusa sin pruebas de 'facilitar' la entrada de 'estructuras de las Farc' en la Universidad de Antioquia. Mejía rechazó los señalamientos y dijo que 'nunca' habría pertenecido a grupos ilegales.
Desde los equipos de paz, la jefa negociadora con las disidencias de 'Calarcá' Gloria Quiceno dijo que no descartaría que las disidencias 'estén mintiendo' y que esperarán lineamientos del presidente, a la vez que recordó que los acuerdos del séptimo ciclo deberían cumplirse. Y es que el debate sobre la viabilidad de los diálogos y las garantías en la política de Paz Total sigue abierto. Por ejemplo, Alias Samir, integrante del Frente 36 de las disidencias de Calarcá, señalado por el Ministro de Defensa como responsable del atentado que derribó un helicóptero estadounidense operado por la Policía en Amalfi (Antioquia) y dejó 13 uniformados muertos, fue reconocido como gestor de paz el 21 de noviembre por el presidente Petro, a petición de tres bloques disidentes surgidos tras la fractura del Estado Mayor Central (EMC). Aunque el Frente 36 fue la primera organización atribuida al ataque, el ELN también se lo adjudicó después, lo que generó confusión y tensiones entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia. Y a propósito de todo, en las últimas horas la defensora del Pueblo Iris Marín demandó la resolución con la que Petro nombró a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz, diciendo que la medida 'excede' la Ley de Justicia y Paz y otorgaría 'funciones injustificadas' a una organización ya desmovilizada, entre ellos Mancuso, Jorge 40, Don Berna y Macaco. El reporte continúa en desarrollo.
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