Cuarenta años después de la Tragedia de Armero, la mayor catástrofe natural en la historia del país, Colombia continuaría reconstruyendo la memoria del desastre mientras se enfrentaría un reto de aplicar de manera plena las lecciones que dejó. La erupción del Nevado del Ruiz, en la noche del 13 de noviembre de 1985, desencadenó un lahar que arrasó en segundos al municipio tolimense, dejando más de 25.000 muertos y separando a cientos de niños de sus familias. Aquel evento, ampliamente advertido por científicos nacionales e internacionales, habría expuesto 'fallas graves' en preparación institucional, comunicación del riesgo y toma de decisiones. Aunque Armero habría marcado un antes y un después para la gestión de emergencias, tragedias más recientes (como la avalancha en Mocoa en 2017) demostrarían que muchas de esas lecciones aún no se aplicarían de manera efectiva. En este aniversario, uno de los gestos más significativos habría venido del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que hizo pública la entrega del “libro rojo”, un archivo con 179 registros de niñas y niños atendidos por la entidad tras la avalancha.
El documento, declarado patrimonio documental y trasladado a Bogotá para su restauración, reuniría nombres, edades, declaraciones, actas, páginas mecanografiadas y manuscritas, además de 44 fotografías que capturaría el caos y la desinformación de aquellos días. Su apertura, acompañada por sobrevivientes que actuaron como testigos de honor, pretendería aportar a la verdad histórica y facilitar reencuentros familiares pendientes desde 1985, en un contexto donde las adopciones se tramitaban bajo procedimientos de una antigua ley y a través de juzgados de menores, con varias irregularidades. La institución pidió perdón. El archivo se abriría en un momento en que la memoria institucional y las deudas históricas seguirían siendo tema central. La Defensoría del Pueblo, en su informe “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos?”, advirtió que persistirían falencias socioeconómicas, vacíos normativos y dificultades para garantizar la seguridad jurídica de los sobrevivientes. Testimonios como el de Miriam Cárdenas, quien asegura no haber recibido apoyo estatal desde que fue evacuada tras la tragedia, reforzarían la percepción de abandono.
Aunque el país habría creado en 2012 el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y contaría hoy con monitoreo volcánico, planes de evacuación, simulacros y educación comunitaria, una ocupación de zonas de alto riesgo, una falta de alertas efectivas y una descoordinación institucional seguirían siendo problemas recurrentes. La tragedia de Armero también impulsó transformaciones globales. En Estados Unidos, el pequeño poblado de Orting (ubicado a los pies de un volcán nevado llamado Rainier) aplicaría directamente las lecciones del desastre colombiano. Cada año realiza simulacros masivos de evacuación con hasta 30.000 participantes por un sistema de alerta temprana diseñado a partir del estudio de los lahares que destruyeron Armero. De igual forma, la creación del Programa de Asistencia para Desastres Volcánicos (VDAP) en 1986 habría fortalecido una colaboración entre el USGS y el Servicio Geológico Colombiano, llevando a avances en monitoreo que habrían contribuido a evacuaciones exitosas.
En el ámbito legislativo, el país ha intentado preservar la memoria y honrar a las víctimas mediante normas como la Ley 1632 de 2013, que declara el Parque Nacional Temático Jardín de la Vida como patrimonio cultural, y la reciente Ley 2505 de 2025, que reconoce el territorio de Armero como Bien de Interés Cultural. Sin embargo, su implementación ha sido limitada. El senador Guido Echeverri (Alianza Social Independiente, ASI) denunció que la comisión encargada de cumplir estos mandatos se habría reunido 'unas pocas veces en más de una década' y no habría adelantado acciones concretas 'para garantizar la reparación, la memoria y la preservación del territorio'. Hoy, el antiguo emplazamiento de Armero es un campo de cruces, árboles y placas con nombres: un lugar que algunos llaman “el camposanto más grande de Colombia”. Allí, los sobrevivientes regresan con frecuencia para encender velas, leer poemas y reconstruir lo que la avalancha borró de manera física. La vulcanóloga Martha Calvache consideró que una verdadera gestión del riesgo implicaría 'educación, ordenamiento territorial y comprensión del territorio' y que, sin ello, tragedias como la de 1985 podrían repetirse. Mientras tanto, homenajes y conmemoraciones de la memoria histórica y simbólica del pueblo de Armero continúan a nivel local, nacional e internacional.
Vía: CNN • El Colombiano • La Silla Vacía • RTVC • RTVE • Caracol Radio
