El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento intramural contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión generó amplias controversia política, jurídica y mediática, al tratarse del mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno Nacional. La Sala Penal, presidida por la magistrada Aura Alexandra Rosero, consideró que la Fiscalía presentó pruebas suficientes, en esta etapa del proceso, para vincular a ambos exfuncionarios por los delitos de 'concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos'. El Tribunal descartó la detención domiciliaria al estimar que 'se trata de hechos que afectarían gravemente la administración pública' y concluyó que la influencia política que aún conservarían los sindicados 'los convierte en un riesgo' para la comunidad y para el curso de la investigación.
De acuerdo con la investigación, Bonilla y Velasco habrían sido “cabezas” de una estructura que, entre 2023 y 2024, direccionó contratos por más de $612 mil millones, en lo que habría pretendido asegurar apoyos políticos a las reformas del gobierno en el Congreso. Estos señalamientos forman parte del entramado de corrupción que involucra a la Ungrd y que se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales contra exmiembros del gabinete. Tras conocerse la decisión, Velasco manifestó 'rechazo' y cuestionó la solidez de los argumentos. Su inconformidad se habría reflejado durante la audiencia en un momento de alta tensión, cuando la magistrada Rosero sostuvo un fuerte intercambio con Rosa Elena Suárez, abogada defensora del exministro del Interior, por la forma en que debía tramitarse la sustentación de los recursos. Durante la diligencia, la defensa habría solicitado que primero se resolvieran las reposiciones presentadas antes de sustentar la apelación, petición que fue rechazada por la magistrada. Rosero defendió su dirección de la audiencia y mencionó que dividir el trámite 'carecía de lógica procesal', sugiriendo el uso de mecanismos de modulación 'para evitar' dilaciones (demoras...). Aunque manifestó desacuerdo, la abogada habría acatado la orden y continuado con su intervención.
La controversia ya se había evidenciado en audiencias previas, especialmente el 16 de diciembre, cuando la Procuraduría respaldó una detención domiciliaria y la defensa de Velasco cuestionó los testimonios de Olmedo López, exdirector de la Ungrd y testigo clave de la Fiscalía. Tras la orden de encarcelamiento, Velasco volvió a poner en duda la credibilidad de López y rechazó ser considerado un peligro para la sociedad, refiriendo que no se habría apropiado de recursos públicos y que se encontraría 'retirado de la vida política'. A propósito de todo, el Presidente Gustavo Petro criticó la decisión judicial en el caso de Ricardo Bonilla al considerar que presuntamente se limitaría el derecho a cuestionar los fallos y se privaría de la libertad 'a un académico con amplia trayectoria en la docencia'. A través de la red X, sugirió que la medida podría estar influida por el paso de Bonilla por su gobierno y 'por sus políticas de reducción de pobreza', recordó antecedentes de 'persecución judicial' contra profesores y líderes sociales, y propuso que el exministro oriente clases de economía a personas privadas de la libertad, y que “la justicia siempre florece y deja atrás el odio”. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • El Tiempo • La FM
