Las autoridades de Valle del Cauca conformaron un equipo especial que pretendería esclarecer el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Tuluá, ocurrido esta mañana. El secretario de Convivencia y Seguridad, Guillermo Londoño, calificó el crimen como un 'ataque directo contra el Estado y la legalidad', y dijo que, por instrucción de la gobernadora Dilian Francisca Toro, el objetivo sería identificar y judicializar a los responsables. Según la información preliminar, dos hombres en motocicleta habrían interceptado el vehículo en el que se desplazaba en el barrio El Jazmín y le habrían disparado, causándole la muerte. La Policía reaccionó acordonando la zona y adelantando labores iniciales de inspección y recolección de pruebas. Las autoridades anunciaron además una reunión de seguridad que sería para evaluar el impacto del hecho.
Londoño dijo 'rechazar' el homicidio, al que calificó como un acto “miserable, cobarde e inaceptable”. También, indicó que el funcionario no habría reportado amenazas previas y que un grupo de investigadores especializados asumió el caso. La Dian, por su parte, mencionó a Calao como un 'servidor público comprometido' y anunció acompañamiento institucional para su familia y equipo de trabajo. El crimen se produce en un contexto nacional marcado por el debate sobre el contrabando y la corrupción dentro de la Dian. Calao, abogado con más de diez años en la entidad, había asumido el cargo en agosto en una ciudad considerada estratégica para el tránsito de mercancías provenientes de Buenaventura hacia el interior del país, lo que expondría a los funcionarios de control aduanero a 'mayores riesgos', según se reportó.
El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, ha denunciado presuntas 'presiones políticas e infiltración de redes criminales' en cargos considerados clave, señalando al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien respondió con acusaciones sobre supuestos vínculos de Reyes con el contrabando. Este cruce de señalamientos seguiría sin resolverse judicialmente. Y es que, a propósito de todo, horas después del asesinato, el Presidente Gustavo Petro, admitiendo 'fallas estructurales' en los sistemas de control aduanero y habló sobre una presunta manipulación de plataformas internas 'para facilitar' el 'contrabando técnico'. Expertos estiman que la brecha entre exportaciones e importaciones alcanzaría los 8.000 millones de dólares anuales y que el contrabando se habría convertido en una de las principales fuentes de financiación de economías criminales, un escenario que daría mayor dimensión al asesinato del funcionario en Tuluá. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El País (Cali) • El País
