Negociadores del Gobierno Nacional y del Clan del Golfo habrían acordado en Doha (Catar) la creación de tres zonas de ubicación temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y en Tierralta (Córdoba). Con esto, se pretendería que partir del 1 de marzo de 2026 inicie la llegada gradual de combatientes a estos lugares, como parte del proceso de diálogos socio-jurídicos que ambas partes vendrían desarrollando. En la misma reunión se habría ampliado el número de municipios del área de influencia del Clan del Golfo donde se implementaría una fase de “consolidación de confianza”. Entre ellos estarían Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Cáceres, El Bagre, Nechí, Carmen de Bolívar y San Jacinto, además de otros tres definidos previamente. Todo esto se enmarcaría en compromisos asumidos para avanzar 'hacia una desescalada territorial y organizativa'.
Las nuevas ZUT se sumarían a otras que el gobierno ha anunciado en diferentes mesas con otros grupos armados (como la facción de “Calarcá”, Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano) sin que ninguna haya iniciado operaciones formales. En este caso, el gobierno debería expedir un decreto para 'formalizar las zonas, garantizar seguridad jurídica y física a los combatientes y preparar la logística'. También se habría acordado crear un mecanismo tripartito de monitoreo que comenzaría a funcionar el 18 de diciembre. Los diálogos con el Clan del Golfo, que han tenido avances y retrocesos durante años, se trasladaron recientemente a Catar, país que se habría convertido en anfitrión habitual de negociaciones de paz. El gobierno está representado por Álvaro Jiménez, exintegrante del M-19 y mano derecha de Otty Patiño, mientras que la vocería del Clan la lleva Luis Armando Pérez, alias Bruno. Y a propósito de estas negociaciones, las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, lideradas por alias Calarcá, habrían alcanzado en el séptimo ciclo de diálogos con el gobierno un acuerdo ambiental considerado 'inédito'.
Así las cosas, se habrían comprometido a 'detener la deforestación' en áreas protegidas y a 'no abrir ni expandir vías' dentro del Parque Nacional Chiribiquete (Guaviare). También, que habrían respaldado procesos de caracterización y posibles reubicaciones de familias en el costado noroccidental del parque, así como campañas pedagógicas sobre conservación y negocios ecológicos. Además, habrían pactado un plan piloto ambiental en San Vicente del Caguán (Caquetá) que incluiría cultivos de plantas medicinales, agricultura orgánica y cooperativas campesinas, junto con una política de “cero coca” en parques nacionales. Expertos destacaron que por primera vez la mesa de negociación abordaría 'de manera directa' la seguridad ambiental en la Amazonía y el reconocimiento de la frontera agropecuaria. La importancia del acuerdo radicaría en que las disidencias han influido históricamente en el ritmo de la deforestación: cuando “Calarcá” habría ordenado frenar la tala en 2022, la deforestación en el arco amazónico habría caído 38% en 2023, pero al levantar la restricción en 2024 volvió a aumentar. Estas estructuras también han restringido el ingreso de autoridades ambientales y promovido la expansión irregular de la ganadería, por lo que su compromiso actual podría marcar un cambio significativo en la protección del territorio. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía
