El Gobierno Nacional autorizó al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, para encabezar acercamientos exploratorios de paz con “La Inmaculada”, considerada principal organización criminal del Valle del Cauca. Y horas antes se daba la firma por el Presidente Gustavo Petro de la orden de extradición de su máximo jefe, alias Pipe Tuluá, solicitada por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y avalada previamente por la Corte Suprema de Justicia. Según se dijo, el equipo liderado por Lemus tendría la tarea de verificar la “voluntad real de paz” de la estructura y evaluar la posibilidad de avanzar 'hacia eventuales diálogos o acuerdos', bajo las directrices de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El proceso ocurre mientras la DNI enfrenta cuestionamientos por presuntos vínculos con alias Calarcá, disidente Farc, hechos que actualmente son objeto de investigación por la Fiscalía. Andrés Marín Silva, “Pipe Tuluá”, fue condenado a 30 años de prisión por delitos como homicidio, secuestro extorsivo agravado, extorsión y concierto para delinquir agravado. Tras la autorización de su extradición, el cabecilla (privado de la libertad desde 2015) hizo un llamado a los integrantes de “La Inmaculada” para 'abstenerse' de realizar acciones violentas o alterar el orden público, mientras se adelantaba el proceso para su envío a Estados Unidos.
A propósito de la estrategia de acercamientos con grupos, esta también estaría en Barranquilla, donde los abogados de los jefes de “Los Costeños” y “Los Pepes” enviaron cartas al ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitando que Salvatore Mancuso sea designado como mediador en los diálogos, que estarían en fase exploratoria. Estas estructuras, lideradas por alias Castor y “Digno Palomino”, mantienen un cese de hostilidades vigente hasta enero de 2026 y han manifestado su interés en acogerse a la Ley de Sometimiento, en un proceso que también sería explorado por la DNI bajo orientación del gobierno. En otras noticias, la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa, rescató a 71 trabajadores que presuntamente habían sido secuestrados por un grupo armado en la mina “Las Cunas” de la empresa Esmeraldas Santa Rosa, en Maripí, Boyacá, tras un operativo que llevó a capturar a ocho personas, entre ellas cuatro empleados de la misma mina, e incautar armas, munición y equipos. Las autoridades dijeron que, aunque los responsables huyeron por una mina contigua, no estarían vinculados a grupos armados ilegales como las disidencias y el ELN, y continúan las investigaciones para dar con su paradero.
Y a propósito del conflicto armado en el país y del ELN, esta guerrilla del ELN ordenó un confinamiento de 72 horas para civiles en zonas bajo su control a partir del domingo a las 6 de la mañana, hasta el 17 de diciembre a la misma hora, mientras realiza 'ejercicios militares' (paro armado) ante lo que considera “amenazas de intervención” de Estados Unidos. El grupo reaccionó a advertencias del Presidente Donald Trump, quien no ha descartado ataques en suelo colombiano 'para frenar el narcotráfico', en un contexto de tensiones crecientes en el Caribe. En un comunicado, el grupo armado ilegal pidió a las comunidades 'no transitar' por carreteras ni ríos y evitar cualquier contacto con fuerzas militares para prevenir incidentes. El ELN acusó a EEUU de impulsar un “plan neocolonial” para 'saquear' los recursos de Colombia, y que lucharía 'por la defensa' del país, principal productor mundial de cocaína según la ONU. "No sé protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad (...) hacen un paro armado pero no contra Trump sino a favor de los traquetos que hoy los controlan", escribió el presidente Petro recientemente en X. Horas después, ordenó 'atacar' al grupo y 'rechazar cualquier intimidación'. El comandante del ELN, Antonio García, respondió a Petro, acusando al gobierno de presunta 'incoherencia' entre su discurso de paz y la práctica, y recordó supuestos vínculos de funcionarios con disidencias Farc, entre otras cosas.
El ELN rompió diálogos de paz en enero, tiene presencia en más del 20% de los municipios colombianos, con bastiones como el Catatumbo, y diversos estudios señalan también su operación en Venezuela, presuntamente en alianza con fuerzas de ese gobierno. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el paro como un “constreñimiento criminal”. “El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano”, dijo, y aseguró que la fuerza pública habría desplegado “todas sus capacidades” y ofrecido hasta $5.000 millones por información de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, jefe militar del grupo. Y a propósito de lo último tras las palabras controversiales de Trump sobre Colombia, la Casa Blanca señaló que este respondería 'personalmente' a la invitación que le hizo el presidente Petro para visitar Colombia y presenciar la destrucción de laboratorios de cocaína, luego de que el estadounidense sugiriera que paises como Colombia podrían ser razón de ataques por producción de drogas. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, calificó la invitación como “interesante” y dijo que le informaría para que decida si la considera, en medio de un cruce de declaraciones en el que Petro defendió los resultados de su gobierno en la lucha antinarcóticos, rechazó amenazas 'contra la soberanía colombiana' y refirió que Trump estaría 'desinformado'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • DW • AFP • El Tiempo • El Espectador • El Colombiano • Red+
