La Corte Constitucional abrió un nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, por un 'incumplimiento reiterado' de las órdenes relacionadas con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC, el pago del sistema por usuarios en Salud), eje central de la financiación del sistema de salud. La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento mediante el Auto 2049 de 2025, fechado el 10 de diciembre. El alto tribunal evaluó el grado de cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008, considerada un 'fallo estructural para la garantía del derecho fundamental a la salud', y concluyó que persiste un 'incumplimiento general' en la suficiencia financiera del sistema, particularmente en los mandatos vigésimo primero y vigésimo segundo dirigidos al Ministerio de Salud.
La Sala, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo Assis (ponente y presidente), dijo que, a pesar del tiempo transcurrido y a 'reiterados requerimientos', las respuestas del gobierno no han sido 'eficaces ni oportunas', y que 'continúan las deficiencias' en 'acceso a los servicios, sostenibilidad financiera y articulación institucional'. En relación con la UPC, la Corte concluyó que el ajuste realizado por el Ministerio no responde a las 'necesidades reales' del sistema ni a los estándares fijados por la jurisprudencia constitucional, al basarse principalmente en la inflación y en recomendaciones de instancias asesoras, sin un estudio técnico 'que demuestre' la suficiencia del valor. El sector salud ha mencionado que el incremento del valor para 2025 debía ser de al menos 15,6%, mientras que el Gobierno Nacional autorizó un aumento del 5,3%, lo que, según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), habría generado un 'desfase' superior a los $9 billones.
Por ello, el alto tribunal que, en un plazo de 48 horas desde la notificación, el ministro se pronuncie sobre los fundamentos jurídicos del incidente, y dispuso la compulsa de copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para posibles procesos penales y disciplinarios. Además, ordenó que para la vigencia 2026 se acredite 'de manera técnica' la suficiencia de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, y que el ajuste 'no puede basarse únicamente en la inflación'. Tras conocerse la decisión, organizaciones de pacientes y actores del sector salud dijeron que un 'reconocimiento adecuado' de la UPC sería necesario para garantizar la atención y salvar vidas, en medio de un escenario de suspensión de servicios, deudas de EPS y crecientes denuncias por barreras de acceso. Según expertos, la definición del valor de la UPC para 2026 debería aumentar alrededor del 17,33% 'para asegurar' una sostenibilidad del sistema. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • Noticias RCN
