Una jornada de protestas tuvo lugar esta semana en inmediaciones del Parque Deportivo de Ibagué, donde padres de familia y acudientes de jóvenes deportistas manifestaron rechazo frente al anuncio de la administración local sobre un cobro por el uso de los parqueaderos en escenarios deportivos. La concentración se dioen la Avenida Pedro Tafur, con la participación de ciudadanos inconformes con la medida. Los manifestantes argumentaron que los pagos que ya realizan mensualmente a los clubes deportivos incluirían contribuciones para el mantenimiento de los espacios, por lo que consideraron 'injustificado' el cobro adicional. Para muchos representaría una carga económica extra.
El gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), Felipe La Rota, argumentó inicialmente la decisión como una alternativa para generar ingresos que permitan el sostenimiento de los escenarios. Sin embargo, la controversia escaló. Al sitio de esta protesta, el martes, también llegó la alcaldesa Johana Aranda. En medio de un diálogo con asistentes, Aranda sostuvo que no se emitiría ninguna resolución para implementar el cobro 'hasta que se logre un acuerdo entre las partes involucradas'. Tras esto, se preveía una nueva reunión para encontrar soluciones conjuntas. A propósito de todo, se conoció que la alcaldía adjudicó un contrato por $1.000 millones a la Unión Temporal Parking A&S para operar, modernizar y administrar durante once años los parqueaderos del Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la calle 42.
El acuerdo generó polémica al reportarse que el concesionario se quedaría con el 80% de los ingresos, mientras que el Imdri recibiría el 20 %, lo que fue denunciado por el concejal Jorge Bolívar (Partido Conservador) como presunto negocio desfavorable para el municipio. El exdiputado Marco Emilio Hincapié (ex MAIS) dijo que, por primera vez desde 1970, los deportistas deberán pagar por usar estos parqueaderos, lo que calificó como “privatización encubierta” de espacios públicos. También señaló supuestas irregularidades en la contratación, al decirse que la representante legal de la unión temporal habría tenido otros contratos con la alcaldía y en algunos casos fue la única oferente. Sin embargo, este jueves, 17 de julio, Aranda anunció la cancelación 'de forma bilateral' del contrato de concesión. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Ecos del Combeima • El Olfato • Caracol Radio
