Estados Unidos sancionó a los principales líderes del grupo venezolano transnacional Tren de Aragua, incluyendo a su jefe Héctor “Niño Guerrero”, por delitos como narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Estas medidas se enmarcan en la clasificación previa de la organización como grupo terrorista extranjero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aplicó las sanciones, mientras que el Departamento de Estado ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita capturar a 'Guerrero'. Junto a él, fueron sancionados otros cinco líderes: Yohan José Romero (“Johan Petrica”), implicado en minería ilegal y tráfico de armas; Josué Ángel Santana (“Santanita”), acusado de múltiples crímenes de violencia; Wilmer Pérez, señalado por asesinato de funcionarios venezolanos; Wendy Marbelys Ríos, esposa de 'Guerrero'; y Félix Anner Castillo (“Pure Arnel”), cabecilla de “Los Gallegos”, célula activa en Chile.
Estados Unidos ha vinculado sus operaciones con 'actos de terrorismo' y ha comenzado a perseguir judicialmente a sus miembros bajo esta figura legal. Mientras tanto, países como Chile han condenado a líderes del grupo por delitos graves, acumulando penas de hasta 300 años. La expansión del Tren de Aragua por Sudamérica se habría evidenciado en diversos crímenes, lo que ha encendido alertas en la región sobre su estructura, métodos y redes. En este contexto, Costa Rica también se ha convertido en escenario de operaciones vinculadas a la banda. La Fiscalía costarricense desarticuló recientemente una red dedicada a la trata de personas, que obligaría a mujeres venezolanas a prostituirse.
Aunque los vínculos con el Tren de Aragua en el caso de Costa Rica aún se investigan, las autoridades señalan que la estructura y el modus operandi serían idénticos a los utilizados por el grupo en otros países. El grupo “Los Orientales”, señalado como posible célula disidente del Tren de Aragua, habría sido el blanco de esta operación, que dejó diez detenidos, nueve venezolanos y una nicaragüense. Las víctimas serían engañadas con promesas de trabajo como generadoras de contenido digital, pero al llegar a Costa Rica serían aisladas y explotadas sexualmente para pagar su traslado y manutención. La Fiscalía ha dicho que esta modalidad representaría la expansión y mutación del crimen organizado venezolano, cuya influencia seguiría creciendo en América Latina.
Vía: DW • AFP • Reuters • CNN
