La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al excanciller Álvaro Leyva por presuntamente desacatar una suspensión provisional impuesta desde el 24 de enero de 2024. Según el organismo, Leyva habría seguido ejerciendo funciones como ministro de Relaciones Exteriores (canciller) a pesar de estar legalmente inhabilitado para hacerlo. Durante ese período, habría firmado documentos oficiales y tomado decisiones como si aún tuviera el cargo, lo que configuraría un desacato a una orden disciplinaria. La Sala Disciplinaria de Instrucción dijo que Leyva habría firmado notas diplomáticas, resoluciones y solicitudes presupuestales entre el 24 de enero y el 6 de febrero de ese año.
La Procuraduría calificó esta conducta como 'falta gravísima', señalando que de confirmarse, complejizaría su situación legal y disciplinaria. Este nuevo proceso se suma a otros señalamientos sobre el exfuncionario. Uno de los antecedentes más relevantes es la destitución e inhabilitación por 10 años que la Procuraduría le impuso por irregularidades en el proceso de licitación para la fabricación de pasaportes (tema motivo de amplia controversia actual en el país). En ese caso, Leyva declaró desierta la licitación a pesar de que el único oferente (Thomas Greg & Sons) cumpliría con los requisitos, lo cual fue considerado una 'violación a los principios de transparencia y legalidad' que rigen la contratación estatal en Colombia. Entonces, este proveedor, que ha sido el encargado de estos procesos desde 2007, inició una demanda de $117.000 millones 'por daños reputacionales' luego de la declaración desierta, aunque más tarde desistió tras conversaciones.
Aunque fue absuelto de otro cargo relacionado con la declaración de urgencia manifiesta en ese mismo caso, este nuevo proceso por desacato podría ser interpretado como una vulneración adicional a la institucionalidad. La trayectoria reciente de Leyva, que incluye su distanciamiento del Presidente Gustavo Petro y su búsqueda de apoyos en el exterior, sobre todo en una supuesta intención de sacar al presidente del poder, ha convertido su caso en uno de los más controversiales en la política exterior colombiana actual. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Portafolio • El País
