El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunció que el Gobierno de Venezuela habría venido anulando los pasaportes de defensores de derechos humanos y periodistas independientes como parte de un 'patrón sistemático de persecución'. Según la organización, esta práctica pretendería 'silenciar voces críticas' tras la cuestionada reelección del Presidente Nicolás Maduro en julio de 2024. Además, que las anulaciones se habrían dado 'sin base legal m' ni notificación oficial, restringiendo así la movilidad de estas personas y 'su capacidad para denunciar internacionalmente'.
De 40 casos documentados, 35 habrían descubrierto en agosto de 2024 que sus pasaportes estarían anulados, y en algunos casos que también se habría afectado a familiares cercanos. La mayoría se habría enterado al intentar realizar trámites en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). La anulación, denunciada también como de forma 'arbitraria', no habría respondido a ningún 'proceso formal'. El Cejil indicó que varias de las personas afectadas no habrían tenido alta exposición mediática en el momento en que sus documentos fueron invalidados, sugiriendo un 'monitoreo y control extensivo' por parte del Estado. Una de las víctimas calificó la situación como 'represalia directa' por su labor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también han denunciado esta práctica, calificándola como 'represiva' y orientada a 'generar miedo' en la sociedad civil.
La CIDH confirmó que al menos 40 personas habrían sido afectadas tras las elecciones de 2024, 'sin recibir notificación formal'. Por esta línea, se ha considerado que estas acciones escalarían las alarmas sobre el uso del control migratorio como herramienta de represión política en ese país. En medio de todo, en otra acusación reiterada, el Gobierno de EEUU designó como una organización terrorista al Cartel de los Soles, considerando a Maduro como su líder. Según EEUU, la estructura presuntamente estaría implicada en el tráfico de drogas hacia su país y en la 'desestabilización regional', mediante apoyo a grupos como el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. También, mencionó la 'participación de altos funcionarios y militares venezolanos' en esta red. En 2020, durante su primer mandato, el Presidente de EEUU Donald Trump ya había impulsado cargos criminales por 'narcoterrorismo y corrupción', señalando una supuesta conexión directa con las extintas Farc y otros países para traficar cocaína. Entre los implicados figura el exgeneral Hugo "el Pollo" Carvajal, actualmente en juicio en EEUU. El gobierno venezolano ha rechazado las acusaciones, catalogándolas de 'injerencistas'. Además, el canciller Yvan Gil negó nuevamente la existencia del Tren de Aragua, al que calificó como "ficción mediática".
Vía: DW • EFE • El diario.com • AFP
