La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está evaluando una respuesta de seis excomandantes del antiguo secretariado de las extintas Farc, imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del Macrocaso 07, relacionado con el reclutamiento forzado de menores. Los exjefes respondieron al Auto 005 de 2024 con un documento de 453 páginas, firmado por Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. Aunque dijeron haber asumido la responsabilidad, fuentes de la JEP señalaron que el documento no cumpliría de manera plena con los requisitos de reconocimiento exigidos por la justicia transicional. En una declaración pública reciente, los excomandantes reconocieron la responsabilidad colectiva en el reclutamiento de más de 18 mil niños, niñas y adolescentes entre 1996 y 2016, calificando el hecho como “injustificable” y refiriendo 'las heridas sociales que dejó'. Aunque es la primera vez que lo hacen tras ser imputados formalmente, habrían omitido cualquier mención sobre violencias sexuales, reproductivas o por orientación sexual e identidad de género, incluidas en la imputación de la JEP. Aun así, pidieron unificar las investigaciones del tribunal y argumentaron compromiso con la reparación. Los líderes exFarc también aseguraron que muchas de las prácticas reconocidas no habrían sido políticas sistemáticas.
El comunicado destacaría acciones de reparación como la participación en actos de memoria, un apoyo al desminado humanitario, la búsqueda de desaparecidos y su vinculación a iniciativas de justicia restaurativa como Revipaz. Sin embargo, la JEP debería determinar si esta respuesta cumple con los criterios de 'verdad plena, detallada y coherente', además de verificar si contribuye al enfoque restaurativo. De ser así, se convocaría a una audiencia pública de reconocimiento, lo que permitiría a los comparecientes acceder a sanciones propias (no privativas de la libertad), de entre 5 y 8 años. Si, en cambio, la Sala de Reconocimiento determina que el reconocimiento no es suficiente o no cumple con los tres requisitos (fáctico, jurídico y restaurativo), el caso pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), y podría culminar en un juicio ante el Tribunal para la Paz, donde los excomandantes se enfrentarían a penas de hasta 20 años de prisión. El anterior proceso se enmarca en un contexto histórico en el que, según cifras de la JEP, las Farc habrían reclutado a 18.677 menores entre 1971 y 2016, con picos en 1999, 2002, 2007 y 2013, en casi todo el país. El reconocimiento o rechazo de estos hechos representaría algo clave para el avance de la justicia transicional y la reconciliación nacional. Recientemente, la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) rechazó el reconocimiento parcial en una carta enviada a la JEP, y criticó que el documento contendría una 'narrativa justificativa' que minimizaría la responsabilidad individual con argumentos 'estructurales e ideológicos', lo que calificaron como “negacionismo parcial”.
A propósito de la JEP, hoy también se reportó que esta asumió la investigación por la presunta responsabilidad de la guerrilla de las Farc en el asesinato en 1995 del histórico líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. También lo hizo en los casos de otras seis personas asesinadas en los que la antigua guerrilla tuvo, al parecer, participación: Jesús del Cristo Huertas, Pablo Guarín, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal, Hernando Pizarro, y José Fedor Rey. “La JEP declaró su competencia para investigar los hechos tras un análisis exhaustivo de los Aportes Tempranos de Verdad de exmiembros de las Farc-EP, de expedientes judiciales, informes de la Fiscalía y de organizaciones de la sociedad civil”, dice el comunicado del alto tribunal. Se aclaró que su decisión no afectaría la competencia de la Fiscalía y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en estos casos. No obstante, su familia reaccionó en rechazó de la decisión del tribunal, a través del abogado y político Enrique Gómez, dirigente de Salvación Nacional. "Presentaremos los recursos pertinentes y continuaremos luchando para que haya justicia", comunicó. Aunque inicialmente se atribuyó a sectores del narco o a enemigos políticos, en 2020 las antiguas Farc asumieron la autoría del crimen ante la JEP, aunque la familia Gómez cuestiona esa versión y ha exigido mayor claridad sobre los móviles reales.
Vía: La Silla Vacía • El Espectador • Revista Cambio
