El Presidente Gustavo Petro suspendió la extradición a Estados Unidos de Willington Henao alias Mocho Olmedo, segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias Farc. Esta medida se habría tomado debido a que Henao hace parte de la mesa de negociación en el marco del proceso de Paz Total del Gobierno Nacional. Según la resolución 186 de 2025, se argumentó que su extradición podría afectar el desarrollo de los acuerdos con ese grupo armado, por lo cual se mantendría en Colombia mientras contribuya 'de manera verificable' al proceso. La decisión anularía un fallo previo de la Corte Suprema de Justicia del 28 de mayo, en el cual se avalaba su extradición a Estados Unidos, país que lo requiere por cargos relacionados con narcotráfico. La Corte había considerado que se cumplían todos los requisitos legales para su envío, pero la resolución presidencial prevalecería temporalmente mientras Mocho Olmedo continúe participando en la mesa de diálogos.
Una polémica en torno a esto escaló tras revelarse que, a pesar de tener orden de captura, alias Mocho Olmedo habría sido custodiado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante 55 días en un apartamento en Bogotá, sin que esta información se compartiera con la Fiscalía. Esta protección, según documentos internos, se habría justificado por motivos de seguridad, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y el trato 'diferenciado' a miembros de grupos armados. A Henao se le atribuyen feminicidios, decenas de homicidios, amenazas y concierto para delinquir. Actualmente está recluido en la cárcel La Picota, y su caso ha reabierto el debate sobre los límites entre la justicia y los acuerdos de paz, además de los roles de negociación en estos procesos. A propósito de este debate, hoy se conoció que la Fiscalía halló una fosa común con ocho cuerpos en Calamar, Guaviare. Las víctimas, desaparecidas desde mayo, habrían sido asesinadas por el Frente Primero de las disidencias Farc, presuntamente por orden del círculo cercano de alias Iván Mordisco, y que tendría por objetivo evitar la conformación de una célula del ELN en la zona. Entre los muertos habrían pastores, madres y feligreses de iglesias evangélicas. La ONG Amazonía Verde denunció que no habría garantías para las comunidades y cuestionó que se sigan adelantando diálogos de paz con actores armados que continúan ejerciendo violencia en las regiones.
A propósito de negociaciones con disidencias, las delegaciones del gobierno y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb) firmaron un acuerdo que pondría en marcha un plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en ese departamento. El Cneb agrupa a los Comandos de la Frontera y a una escisión de la Segunda Marquetalia -el grupo que lidera, en parte, “Iván Márquez”- en Nariño. Estos grupos también tienen presencia y ejercen control en la Amazonía y en partes de Ecuador. Con esto, se pretendería reemplazar 7.500 hectáreas de hoja de coca por cultivos de cacao, para lo que el gobierno invertiría inicialmente $8.000 millones en las zonas rurales de Tumaco y Roberto Payán. En marzo, ambas delegaciones acordaron ampliar el programa piloto de sustitución de cultivos de coca, aumentando la cobertura de 2.000 a 15.000 hectáreas en Tumaco y Roberto Payán, y sumando otras 15.000 en Putumayo. El plan incluye varias fases: definición de zonas, acuerdos de sustitución, pagos iniciales a campesinos y entrega de kits productivos. Este nuevo enfoque pretendería corregir errores del pasado, como una falta de apoyo estatal tras la erradicación. Por eso, se prometerían mejoras en infraestructura rural, acceso a mercados, acompañamiento técnico y garantías de seguridad. La implementación iniciaría el 7 de julio junto con una estrategia de intervención territorial. El reporte está en desarrollo.
Vía: Infobae • La Silla Vacía
