Hoy se concretó un canje sin precedentes entre Venezuela, El Salvador y Estados Unidos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la entrega de "todos" los ciudadanos venezolanos presos en su país, la mayoría acusados de presuntamente pertenecer a la organización Tren de Aragua y retenidos en la megacárcel CECOT, reconocida como símbolo de endurecimiento y su plan de gobierno contra la criminalidad. Aunque no se especificó la cifra exacta, más de 240 venezolanos que habían sido encarcelados en El Salvador tras su deportación desde EEUU fueron repatriados a Venezuela como parte del canje. A cambio, el Gobierno de Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses que, según la cancillería venezolana, se encontrarían “a la orden de la justicia” por delitos relacionados con desestabilización política. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó la liberación y aseguró que los estadounidenses ya estaban de regreso en su país. El acuerdo incluyó además la repatriación de al menos 251 venezolanos desde Houston (Texas, EEUU), entre ellos siete niños que habían sido separados de sus padres durante procesos de deportación. En total, a Venezuela habrían sido enviados cerca o más de 500 personas hoy.
Las autoridades venezolanas los recibieron como parte del Plan Vuelta a la Patria, un programa de retorno impulsado desde 2018. El ministro venezolano Diosdado Cabello denunció que estos menores habían sido “secuestrados” por las autoridades estadounidenses, y que su gobierno habría actuado para lograr su reencuentro familiar. Uno de los casos más conocidos fue el de Maikelys Espinoza, una bebé separada de su mamá durante su deportación. Su padre habría sido enviado al CECOT sin juicio previo. El caso derivó en una campaña internacional liderada por el Gobierno de Venezuela, que incluyó manifestaciones, vigilias y presión diplomática. Tras semanas, el Gobierno de EEUU habría accedido el 14 de mayo a devolver a la niña a su mamá. Desde entonces, las autoridades venezolanas han intensificado denuncias contra las políticas migratorias estadounidenses, que califican como 'violatorias de los derechos humanos'. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han respaldado parte de estas denuncias, especialmente en lo que respecta a las condiciones carcelarias en El Salvador. Reportes documentan 'tortura, hacinamiento, falta de atención médica y detenciones arbitrarias'. Además, defensores de derechos humanos señalaron una falta de debido proceso tanto en las deportaciones desde EEUU como en los procedimientos judiciales en El Salvador. La directora de HRW para las Américas dijo que el sistema judicial salvadoreño “no tiene independencia” y que los migrantes “no tienen recursos legales”. Por su parte, el Gobierno de Venezuela atribuye el acuerdo como una victoria diplomática.
En paralelo, el Presidente Nicolás Maduro acusa a sectores de la oposición venezolana de presuntamente encubrir redes de trata de personas y actuar como "coyotes", 'beneficiándose de la migración forzada'. Además, ha criticado al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declarándolo persona non grata por “ignorar las violaciones” contra familias venezolanas. Este complejo entramado diplomático y humanitario habría representado cómo la crisis migratoria venezolana se ha convertido en una moneda de cambio geopolítica. Mientras los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador justifican sus acciones por razones de seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado, Venezuela denuncia presunta persecución política y secuestro de menores. ONGs y organismos internacionales han referido que, independientemente de motivaciones políticas, se debería garantizar el debido proceso y la protección de los derechos humanos de los migrantes, especialmente los más vulnerables. Sobre lo último de la repatriación desde El Salvador, venezolanos liberados dijeron que habrían sufrido 'incomunicación, maltratos y condiciones extremas' durante cuatro meses de encierro. Algunos fueron detenidos en sus trabajos u hogares en EEUU y deportados en vuelos organizados por la administración Trump, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. En cuanto a lo último de los estadounidenses liberados por Venezuela, familias de estos denunciaron que presuntamente fueron usados como fichas políticas por el gobierno venezolano, que sostiene que serían culpables de delitos graves, mientras Washington los considera víctimas de persecución política. Pero además de ellos, recientemente se reportó que Venezuela también habría liberado a un número no especificado de venezolanos considerados presos políticos por EEUU. Este sábado, 19 de julio, la ONG Foro Penal dijo que habrían sido 38. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Noticias Telemundo • DW • AFP • Reuters • EFE • TeleSUR • BBC • NTN24
