La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre el estado fiscal del país y el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, mencionando tres 'riesgos principales': la dependencia de una reforma tributaria aún no aprobada, el crecimiento del gasto de funcionamiento 'sin un plan de racionalización' y una 'incertidumbre' sobre el financiamiento del presupuesto. El proyecto plantea un gasto de $556,9 billones frente a ingresos estimados de $530,7 billones, lo que dejaría un déficit de $26,3 billones que se pretendería cubrir con la reforma.
El ente de control señaló presuntas inconsistencias entre las proyecciones económicas y las metas de recaudo, pues a pesar de estimar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,7% en 2025 y 3% en 2026, el Gobierno Nacional proyectaría una caída del 1,8% en el recaudo tributario. Además, que el gasto de funcionamiento crecería un 11,1%, por encima del PIB, lo que, a juicio de la Contraloría, no reflejaría un 'compromiso' con la eficiencia del gasto público. El 63% del presupuesto se destinaría a funcionamiento, el 18% al servicio de la deuda y el 16% a inversión. En cuanto a la ejecución presupuestal de 2025, la Contraloría advirtuó que, a junio, solo se habría ejecutado el 37,7% del gasto total y el 24,2% de los recursos de inversión, cifras inferiores a las del mismo periodo en 2024. El recaudo tributario, aunque habría crecido 6,9% y alcanzado $135,4 billones, habría quedado $12,4 billones por debajo de la meta de la Dian, lo que aumentaría un riesgo de desfinanciación y podría requerir ajustes presupuestales o mayor endeudamiento en el segundo semestre.
Sobre el déficit fiscal, el organismo advirtió que en 2025 alcanzaría el 7,1% del PIB, y que esto sería debido a la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal y una alta rigidez del gasto público. Aunque se proyecta que en 2026 baje a 6,2%, el déficit primario se deterioraría y no existiría un 'plan claro' para volver a la 'senda de cumplimiento' de la regla fiscal. La deuda neta alcanzaría el 61,3% del PIB en 2025, con un pico del 64% en 2027 y una reducción gradual hasta 2036, pero esta trayectoria dependería de la relación entre el crecimiento económico y las tasas de interés reales. La Contraloría concluyó que se necesitaría una 'estrategia integral' de responsabilidad fiscal que combine eficiencia en el gasto, 'realismo' en las metas de ingreso y 'medidas estructurales' para fortalecer un crecimiento económico y equidad social. También, que sin estos correctivos la sostenibilidad fiscal estaría en riesgo, y el margen de maniobra del gobierno se reduciría en los próximos años, incluso si la Reforma Tributaria tributaria es aprobada. El reporte está en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Espectador
