En zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, la disidencia Farc conocida como estructura Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco, estaría realizando la construcción de una carretera entre los corregimientos de San Antonio y Villacolombia. Según denuncias de los habitantes, la obra sería financiada mediante extorsiones: según reportes, cada adulto debería pagar $500.000 y cada niño matriculado en la escuela, $80.000. “Quien no paga aparece muerto”, serían las amenazas. La preocupación habría escalado con el asesinato de Ruhal Martínez, vicepresidente de la junta de acción comunal de Villacolombia, quien presuntamente fue sacado de su casa el 6 de agosto y hallado muerto en la vereda El Descanso, aparentemente por negarse a pagar.
También se dijo que los pobladores estarían presionados a portar un carnet de movilidad emitido por el grupo armado, el cual se obtendría entregando la cédula y recibiendo días después un plástico que 'autoriza' la circulación. Testimonios señalarían que los extorsionadores también venderían boletas para respaldar el cobro, lo que afectaría a familias con recursos limitados. Además, se mencionó que esto estaría provocado desplazamientos silenciosos, pues algunas personas venderían sus tierras por debajo de su valor y se marcharían, mientras otras permanecerían 'por miedo' a perder todo. El control armado se extendería también a imponer una participación en acciones contra la fuerza pública.
La semana pasada, cerca de 150 soldados del Ejército fueron rodeados por civiles, en su mayoría supuestamente bajo coacción, lo que los habría llevado a retirarse. Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que sobrevuelos habrían identificado un trazado ilegal (ejecución de una obra sin cumplir con las normativas y regulaciones establecidas) y anunció una operación conjunta con la Fiscalía que pretendería detener la obra y desactivar las actividades criminales. La gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que casos similares se habrían registrado en otras zonas, con cobros que llegarían hasta los $5 millones. Además, solicitó al Gobierno Nacional una 'intervención urgente', al referir que la región no podría enfrentar sola a las estructuras armadas. Las autoridades locales y departamentales han solicitado también acciones para contener el avance de la Jaime Martínez. El reporte está en desarrollo.
Vía: El País (Cali) • Revista Semana
