Unas dnuncias por presuntas irregularidades en el Fondo de Adaptación (de gestión de recursos y ejecución de proyectos integrales de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres en el país) habrían profundizado diferencias entre Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y gerente encargada del Fondo, y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), pero también derivaron en una confrontación abierta dentro del Gobierno Nacional. El informe presentado por Rodríguez habría revelado una 'ejecución mínima' de los recursos destinados a La Mojana, a pesar de que el Ejecutivo habría asignado $1,1 billones que serían para atender la desconexión hídrica de esa ecoregión del norte del país. De acuerdo con el documento oficial, de esos $1,1 billones asignados en 2023 solo se habría ejecutado un 3%, unos $30.000 millones, mientras más de $930.000 millones permanecerían 'sin utilizar'. Rodríguez agregó que cerca de $235.000 millones podrían perderse y ser reintegrados al Ministerio de Hacienda por una baja ejecución, en un contexto en el que el Fondo aún no contaría con estudios y diseños definitivos.
El informe también señala contratos adjudicados durante la gestión de Carrillo como gerente del Fondo que no registrarían avances. Proyectos considerados estratégicos como la Ruta del Arroz, Senderos para la Paz, estudios hidrodinámicos del río Cauca y la aplicación Mojana aparecerían con 0% de ejecución, a pesar de comprometer cerca de $170.000 millones. A esto se sumarían decenas de obras inconclusas en distintas regiones del país, hoy consideradas “elefantes blancos”, y un panorama judicial que incluiría 178 procesos, 60 obras no terminadas y hallazgos fiscales o presuntas irregularidades por más de $1,2 billones. En paralelo a las denuncias técnicas y administrativas, la controversia escaló al plano político. Carrillo y el ministro del Interior, Armando Benedetti, comenzaron a lanzarse señalamientos mutuos de corrupción a través de redes sociales. Carrillo acusó a Rodríguez de usar canales oficiales 'para desprestigiarlo' y negó intereses indebidos en el contrato de la Ruta del Arroz, mientras Benedetti lanzó cuestionamientos públicos sobre presuntas coimas o sobornos dentro de la Ungrd. Además, catalogó en Revista Cambio como una “declaración de guerra” las denuncias sobre el Fondo de Adaptación y que detrás hay una presunta 'disputa de poder' dentro del gabinete del Ejecutivo, señalando a Rodríguez y a Benedetti de impulsar una 'estrategia política' para quedarse con la entidad y 'desplazarlo'.
Carrillo mencionó que su ruptura con Benedetti se habría dado tras intentar reestructurar el Fondo y frenar supuestas irregularidades, defendió la ejecución de los recursos cuestionados y sostuvo que los señalamientos se basarían en 'datos falsos'. El cruce de acusaciones continuó cuando Benedetti sugirió que funcionarios cercanos a Carrillo supuestamente estarían 'exigiendo sobornos' a cambio de 'destrabar pagos represados' en la entidad. Carrillo respondió que esos mensajes estarían “inflados” por bodegas digitales (redes organizadas de cuentas en redes sociales que se usan para inflar artificialmente la visibilidad de mensajes, atacar a adversarios o posicionar narrativas o versiones políticas) y que las insinuaciones carecerían pruebas, acusando al ministro de presuntamente 'intentar ensuciar su nombre'. Benedetti, a su vez, anunció que lo denunciaría por 'injuria y calumnia' y que Carrillo no habría respondido 'de fondo' a los señalamientos hechos por Rodríguez. Mientras la controversia escala, el informe de Angie Rodríguez fue remitido a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que deberían determinar si las irregularidades detectadas constituirían faltas disciplinarias o delitos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • La Silla Vacía
