La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, incluyó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la lista de cuerpos de seguridad responsables de crímenes de lesa humanidad, según un informe publicado el 11 de diciembre. El documento concluye que este cuerpo militar habría cometido, 'de forma sistemática y durante más de una década', 'violaciones graves' a los derechos humanos en el marco de una 'represión estatal'. El informe señala que funcionarios de la GNB habrían incurrido en 'privaciones arbitrarias' de la vida, 'detenciones ilegales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual y de género'. La misión advierte que estos abusos habrían sido 'facilitados' por un entorno de impunidad estructural, especialmente durante operativos de control de protestas y acciones de 'persecución política', consolidando un 'rol de control social y represión interna'.
Uno de los casos referidos es el del estudiante de origen español Juan Manuel Carrasco, de 21 años, como uno de los ejemplos más complejos documentados por la ONU. Los hechos habrían ocurrido la noche del 13 de febrero de 2014, en Valencia (Carabobo), cuando funcionarios de la GNB reprimían manifestaciones y disparaban perdigones contra un vehículo en el que Carrasco y otras personas buscaban refugio. Tras ser detenidos, los jóvenes habrían sido golpeados 'de manera brutal' y el vehículo habría sido incendiado 'por los propios funcionarios'. Según la investigación, Carrasco habría sido sometido a 'tortura sexual' en las inmediaciones del Distribuidor El Trigal, cuando un funcionario identificado como el sargento Luis Alejandro Blanco lo habría 'penetrado' con la punta de un rifle. Posteriormente, habría sido trasladado al Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la GNB en Carabobo, donde habrían continuado este tipo de tratos. Informes médico-forenses habrían confirmado 'contusiones, traumatismos y lesiones anales'.
En medio de denuncias reiteradas de la víctima ante jueces y fiscales, la Misión de la ONU también documentó una supuesta 'cadena de encubrimiento judicial'. La violación sexual no habría sido investigada, se habrían otorgado medidas cautelares sustitutivas de libertad a los acusados y altos funcionarios negaron públicamente los hechos. Hasta noviembre de este año, los responsables directos seguirían en libertad y no se ha iniciado investigación contra otros presuntos militares implicados. La ONU concluyó que el caso Carrasco 'no fue un hecho aislado', sino parte de un 'patrón sistemático' de abusos atribuido a la GNB, con responsabilidades que alcanzarían distintos niveles de la cadena de mando. El reporte está en desarrollo.
Vía: NTN24 • Infobae
