La audiencia del Macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizada en Granada (Antioquia), terminó ayer con señalamientos de exmilitares de la IV Brigada que vincularían al entonces capitán Juan Miguel Huertas con ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' cometidos entre 2002 y 2003. Siete de ellos, considerados 'máximos responsables', lo señalaron como presunto 'facilitador' de estos hechos. Los testimonios indican que Huertas, oficial de operaciones del Batallón de Artillería n.º 4, habría ofrecido armas 'para aumentar el número de bajas', versiones ratificadas bajo juramento. El exteniente Edwin Leonardo Toro dijo que habría recibido 'presiones directas' para matar civiles y presentarlos como bajas. El subteniente retirado Emerson Castañeda Morales dijo que Huertas no solo habría ofrecido, sino entregado armas.
A estas acusaciones se suma que Huertas aparece en los llamados “archivos de Calarcá”. Según el reporte de Noticias Caracol hace unos días, en 2024 habría sostenido reuniones con delegados de las disidencias Farc lideradas por alias Calarcá, donde supuestamente habría propuesto crear una 'empresa de seguridad fachada'. La Procuraduría ordenó su suspensión por tres meses y, hasta hace poco, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que ya no está en su cargo. Hoy continúan las audiencias en la JEP, que debería analizar los testimonios y determinar si el general será llamado a comparecer. También revisaría documentos operacionales y registros internos que pretenderían establecer eventuales responsabilidades del alto mando durante ese periodo.
En otra controversia, también a propósito de 'falsos positivos', Revista Cambio reportó que el general (r) Henry William Torres, quien comandó la Brigada 16 entre diciembre de 2006 y junio de 2007, reconoció ante la JEP su responsabilidad en 318 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Casanare. Las víctimas y sus representantes solicitaron la revocatoria (anulación) de la “Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público” que le habría sido otorgada mediante el decreto 2965 del 3 de agosto de 2007; el abogado José Hilario López presentó esa petición (y una tutela) argumentando que mantener la condecoración sería una 'afrenta a los valores públicos' y 'revictimizante'. En octubre de 2025, la Sala de Reconocimiento postuló a Torres y a otros 18 militares ante el Tribunal para la Paz y la JEP confirmó la imputación, aunque el magistrado Óscar Parra Vera ha dicho que el reconocimiento del general 'es significativo y debe profundizarse'.
Y es que el Ministerio de Defensa, en un oficio del 18 de noviembre, respondió que no se cumplirían las causales legales para revocar el decreto porque no habría 'prueba de agravio injustificado' ni de que la concesión haya sido contraria a la Constitución o la ley, y recordó que la pérdida del derecho a usar condecoraciones (según normativa previa de 2007) exigiría condena por delitos dolosos o 'separación absoluta' de las Fuerzas Armadas, condiciones que no contemplarían la justicia transicional de la JEP. Ante ese escenario, las víctimas barajarían demandar el decreto ante el Consejo de Estado; señalan que otros casos habrían tenido decisiones distintas (por ejemplo, el retiro de condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales por parte del Presidente Gustavo Petro), y la JEP advirtió que el Tribunal para la Paz podría tener una 'visión diferente' cuando fije sanciones restaurativas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Noticias Caracol • Revista Cambio
