La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red presuntamente dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro en el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. Cinco de los que serían sus principales articuladores fueron presentados ante un juez, y cuatro aceptaron cargos por delitos relacionados con explotación ilícita de minerales y fraude procesal, dentro de una investigación que habria evidenciado una operación criminal 'de alta complejidad'. Como parte del proceso, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes avaluados en más de $373.000 millones, entre ellos un título minero. Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó los delitos de 'concierto para delinquir con fines de explotación ilícita, extracción ilícita de yacimiento minero y fraude procesal', y un juez ordenó que todos los procesados permanezcan privados de la libertad en sus lugares de residencia.
Pruebas indicarían que la organización habría tenido 'roles definidos' y un esquema que incluiría la 'corrupción de funcionarios'. Supuestamente, la red pagaba a servidores 'para obtener alertas' sobre operativos y también a estructuras criminales del departamento 'para facilitar' la extracción, el transporte y la comercialización del oro. Según la Fiscalía, María Consuelo Jiménez habría administrado las finanzas y coordinado la venta del metal; Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez habrían manejado frentes de explotación; y Jhon Wilmar Cabrera se habría encargado de la logística, incluyendo transporte de repuestos y contratación de mecánicos. A Bernardo de Jesús Orrego se le atribuye el fraude procesal, al presuntamente haber prestado un título minero para intentar legalizar tres lingotes de oro incautados y evitar la captura de otro integrante de la organización.
Y a propósito de capturas destacadas en horas recientes, ocho personas, entre ellas seis ciudadanos chinos y dos colombianos, habrían sido capturadas por su supuesta participación en una red de contrabando de mercancías asiáticas que ingresaban 'de manera ilegal' por el puerto de Buenaventura y se distribuían en centros urbanos grandes como Bogotá y Cali. El operativo fue liderado por la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Dijin–Interpol, y habría llevado a la desarticulación de la estructura, cuyos integrantes fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por delitos como 'contrabando, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito', cargos que no aceptaron. Las investigaciones habrían establecido que textiles, confecciones y otros productos serían transportados en tractocamiones y comercializados mediante al menos siete sociedades 'usadas para encubrir' su origen ilícito. Según las autoridades, se atribuyen a la red nueve aprehensiones de mercancía avaluadas en más de $9.100 millones, una presunta legalización de recursos por $71.562 millones y un incremento patrimonial injustificado cercano a los $2.696 millones. En Cali, uno de los capturados fue Feisen Chen, a quien le habrían incautado mercancía por cerca de $190 millones tras un allanamiento a un establecimiento comercial en el centro de la ciudad.
Vía: Alerta Paisa • El País (Cali)
